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miércoles, 30 de octubre de 2013

Lupa a proyecto que condiciona bonos de productividad en el gobierno


Lupa a proyecto que condiciona bonos de productividad en el gobierno

Representantes quieren despejar cualquier duda sobre el alcance de la prohibición
 
Por Rebecca Banuchi / rebecca.banuchi@gfrmedia.com
A solo tres meses de su aprobación, la Cámara de Representantes evalúa posibles enmiendas a la ley que condicionó que se otorguen bonos por concepto de productividad en todas las agencias y corporaciones públicas.
Y es que representantes de la mayoría y la minoría parlamentaria quieren despejar cualquier duda sobre el alcance de la prohibición para aclarar que no incluye a los empleados en puestos de carrera, y a esos efectos sometieron un proyecto de ley que establece que estas bonificaciones no recurrentes no podrán ser conferidas a "altos directivos, empleados de confianza y otros gerenciales".
"Como está aprobada (la ley), hay unas inquietudes de que el lenguaje pueda ser interpretado de una forma mucho más abarcadora de lo que pretendía el legislador cuando aprobó esta pieza legislativa", dijo el representante Jesús Santa, al concluir una vista pública de la Comisión cameral de Gobierno en la que se discutió la pieza.
"Queremos proteger el crecimiento profesional y valorar la aportación que hacen los empleados que, día a día, están en el gobierno, independientemente del partido que esté en el poder", enfatizó el legislador popular, uno de los coautores de la legislación.
La Ley 66-2013, firmada el 22 de julio pasado, sanciona que se le otorgue este tipo de bonificaciones a cualquier empleado -sin distinción alguna- si no cuenta con el aval previo de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH).
El representante novoprogresista Ángel Peña Ramírez, también autor de la medida, advirtió que los cambios que sugieren mantienen restricciones en el uso de los bonos de productividad para evitar que sean utilizados de manera negligente y desangren el fisco.
"Tiene que existir la prohibición de que estos altos funcionarios que en el pasado, por las razones que sean, han abusado de ese beneficio en detrimento de la salud fiscal del gobierno, pues que no tengan acceso a que esto se restablezca", aseveró.
La exposición de motivos de la medida señala que la utilidad de estos bonos se ha desvirtuado, y se han convertido en un medio para "satisfacer los intereses económicos de los altos funcionarios".
De aprobarse el proyecto de ley, quedarían explícitamente excluidos del beneficio quienes ocupen puestos como secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores ejecutivos, administradores, subadministradores, presidentes ejecutivos y vicepresidentes ejecutivos.
La OCALARH, agencia que reglamenta el otorgamiento de las bonificaciones, apoyó que se mantenga una prohibición absoluta para los puestos directivos, y que prevalezca ese incentivo para los puestos de carrera, pero regido por el principio de mérito.
"Apoyamos que se prohíba taxativamente a todo el que no sea un empleado regular de carrera", dijo Karen González, directora de los asesores legales de la entidad pública.
Por su parte, el representante José "Conny" Varela, presidente de la Comisión de Gobierno, dejó entrever que se inclina por que la prohibición sea absoluta, como dispone la ley hoy, pero dijo que es un asunto que todavía requiere mayor análisis.
"Se debe limitar en estos momentos, por la situación que vive el país, otorgar cualquier clase de bonificación, retribución, a cualquier empleado. La situación fiscal es difícil, ya nosotros aquí (en la Legislatura) nos apretamos el cinturón, y eso debe ser para todo empleado público", señaló el legislador popular.
"Esto va a tomar varios meses de estudio, pero tenemos que tomar medidas drásticas", puntualizó Varela.</byline>

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