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lunes, 30 de septiembre de 2013

Defensa en caso de fraude electoral en Guaynabo acude al Supremo


Defensa en caso de fraude electoral en Guaynabo acude al Supremo

Reitera el reclamo de que las acusaciones tienen que ser al amparo de la Ley Electoral
 
La defensa en el caso por el fraude primarista en Guaynabo acudió al Supremo con el mismo argumento con el que no prevaleció en el Tribunal de Apelaciones. (Archivo)
Por Nydia Bauzá / nydia.bauza@gfrmedia.com
La defensa en el caso por el fraude primarista en Guaynabo acudió hoy, lunes, al Tribunal Supremo con el mismo argumento con el que no prevaleció en el Tribunal de Apelaciones de que las acusaciones tenían que ser al amparo de la Ley Electoral.
Aunque el Supremo no ha expresado aún si atenderá la controversia, el juez superior Alvin Rivera, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón pospuso la vista preliminar que encaraban este lunes siete de los imputados por razones de salud de dos de los abogados de defensa.
“Hasta el presente el Tribunal Supremo no ha expresado”, dijo el juez sobre el recurso en auxilio de jurisdicción presentado esta mañana. No obstante, indicó que el abogado José Lozada tenía una condición de salud que le impedía estar presente y el licenciado Antonio Bauzá tenía que hacerse un examen médico.
Rivera separó la vista preliminar contra Miguel A. Díaz, quien es representado por la abogada Ana González y la de Ariel Soto Cruz, cliente de Michael Corona para verse el 24 de octubre próximo.
La vista preliminar contra los restantes cuatro acusados, Christian Manuel Moreno, José M. Rodríguez Pagán, Brenda I. Rodríguez Rodríguez, Alexis Franceschi Torres y Emanuel Ramos Berdejo quedó señalada para el 20 de noviembre.
El recurso judicial fue entablado por abogados del primer grupo de acusados por supuestas transferencias ilegales previo a las primarias penepés en Guaynabo.
En el recurso de revisión al alto foro judicial, los abogados solicitan que el tribunal les permita considerar una moción de desestimación de los cargos antes de que se celebre la vista preliminar. Los abogados alegan que en el caso aplica el principio de especialidad y que los cargos debieron radicarse al amparo de la Ley Electoral y no mediante el Código Penal.
El Tribunal de Apelaciones determinó que el planteamiento era prematuro y como dicho foro también les denegó una petición de recomendación, los abogados defensores recurrieron ahora al Supremo.
“Entendemos que el acto que está imputando el Ministerio Público se dio dentro de un marco electoral”, dijo uno los abogados del caso, Alexis Acevedo Colón.
Pero los fiscales de la División de Integridad Pública, Edmanuel Santiago Quiles y Lorraine Pietri Colón afirmaron que a la defensa no le asiste la razón.
“Las conductas imputadas en las denuncias no están cubiertas por la Ley Electoral y en ausencia de ello, tenemos que recurrir al Código Penal”, dijo Santiago Quiles.
El fiscal explicó que la ley especial, en este caso el Código Electoral, no cubre los delitos que la pesquisa detectó tras las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) para determinar quién sería el candidato a representante del Precinto 7, puesto que se disputaron el entonces incumbente Ángel Pérez y Antonio Soto, quien ganó la candidatura en la votación de su colectividad y eventualmente el escaño legislativo en los comicios generales.
La investigación por el fraude primarista, que sacó a la luz pública el diario El Nuevo Día, ha desembocado en la radicación de 43 acusaciones. Los acusados enfrentan cargos por perjurio, apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica y archivo de documentos o datos falsos. Al menos 30 de los acusados pidieron la desestimación de los cargos.

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